“TODOS Y TODAS DEBEN HACER LA PROMOCIÓN DE LOS INDICADORES JURÍDICOS PARA VALORIZAR LOS ODS Y TODO EL DERECHO AMBIENTAL”

Con ese mensaje, el Dr. Michel Prieur, cerró su disertación en el cierre de la segunda jornada del CIDPA 2020. Destacó la importancia de aplicar indicadores jurídicos para poder evaluar la implementación efectiva de las normas ambientales. 

 

El Dr. Michel Prieur protagonizó la segunda jornada del Congreso Internacional de Derecho y Política Ambiental 2020 (CIDPA) en una conferencia que se transmitió a través de Youtube a partir de las 19 horas. “Efectividad del Derecho Ambiental y Necesidad de Indicadores Jurídicos” fue la temática desarrollada por el Director Científico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Derecho Ambiental, de la Planificación y del Urbanismo, CRIDEAU de la Universidad de Limoges y Presidente del Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado, Francia.  

En el inicio de su exposición, Prieur recordó el mensaje que en septiembre pasado el Papa Francisco dirigió en el marco de la 75° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando reflexionó acerca de la necesidad de la efectividad de los derechos ambientales.

En mi opinión, un verdadero derecho ambiental es un derecho que no permite un bajo nivel de implementación”, reflexionó  Prieur. También destacó un doble significado de la efectividad de las leyes. 

En ese sentido, consideró que las leyes pueden ser eficaces si permiten menos contaminación y mayor biodiversidad. Por otro lado, son eficaces si posibilitan la implementación efectiva de normas jurídicas. “La efectividad del derecho es el derecho vivo, que se implementa a través de una serie de etapas jurídicas hasta la decisión judicial y su ejecución”, dijo. Agregó que “Los Estados tienen que luchar contra el incumplimiento de las leyes sobre el medio ambiente”.

Los ODS con los que cumple este CIDPA2020A continuación se refirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2015-2030),  una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para  abordar temáticas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz, y la justicia, entre otras prioridades. Y señaló que “Para permitir la implementación de los ODS, las Naciones Unidas han formulado 232 indicadores, entre los cuales 93 son ambientales, pero esos 232 indicadores son solamente técnicos, científicas y económicos. No son indicadores sobre la efectividad y la implementación efectiva del derecho”. Resaltó que para alcanzar los ODS es necesario el derecho ambiental y aplicar indicadores jurídicos. 

Para Prieur, los indicadores jurídicos suministran a los decisores políticos una “herramienta de evaluación de las políticas relativas al medio ambiente” y permiten “cuantificar el grado de efectividad del derecho para facilitar las reformas y posibilitar innovaciones”. También se constituyen como un aliado de la sociedad civil como modo de suministrar información sobre la existencia pero también sobre la aplicación de políticas en materia de medio ambiente. 

En ese sentido, consideró que es “necesario utilizar una serie de indicadores para medir y comparar los progresos de aplicación del derecho ambiental” y aseguró que en la comunidad internacional existe actualmente la idea de transformar los indicadores actuales – como los económicos – en nuevos indicadores de tipo jurídico. 

Asimismo, mencionó la reciente ratificación por parte de la República Argentina del Acuerdo de Escazú y se refirió a los alcances previstos en el artículo 6° del mismo: “Los estados han decidido que hay que evaluar con indicadores comunes la eficacia, pero también evaluar la efectividad y el progreso en relación a compromisos nacionales e internacionales, con la participación de los actores”. Para profundizar en el contenido del Acuerdo de Escazú ver la siguiente mesa: http://cidpa.ar/acuerdo-de-escazu-una-herramienta-de-democracia-ambiental/

“En conclusión, hay una necesidad urgente de una aprobación internacional y nacional para desarrollar indicadores jurídicos. Si no podemos medir científicamente la efectividad del derecho ambiental, no podemos hacer la reforma del derecho”, reflexionó Prieur. 

Finalmente, el especialista convocó a los participantes del CIDPA 2020 a trabajar en pos de la aplicación de nuevos indicadores en materia ambiental: “Todos y todas deben hacer la promoción en San Luis y en Argentina de los indicadores jurídicos para valorizar los ODS y todo el derecho ambiental nacional e internacional, por un verdadero derecho ambiental más efectivo, más eficaz, para implementar a nivel local, regional, nacional e internacional”.

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