PROBLEMÁTICAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN PRIMERA PERSONA: CASO DEL LITIO EN EL NORTE ARGENTINO

El 2° Congreso de Derecho y Política Ambiental culminó con la participación del presidente de la Comunidad “El Angosto”. Clemente Flores se refirió a la lucha de la colectividad por conservar sus derechos al ambiente sano y la puesta en valor de los saberes ancestrales. 

 

Durante el cierre del 2° Congreso de Derecho y Política Ambiental CIDPA 2020 se dio a conocer el caso del litio en el norte argentino y la vulneración del derecho a un ambiente sano. En este contexto, se expusieron las problemáticas de las comunidades de los pueblos originarios en primera persona, poniendo en valor y resignificando su sabiduría ancestral en conexión armónica con el ecosistema y sus elementos vivos.

Al respecto, Clemente Flores (Kolla, productor de camélidos y presidente de la Comunidad “El Angosto”) contó que vive en el distrito de Moreno, departamento Tumbaya de la provincia de Jujuy, en la Comunidad “El Angosto”. En los departamentos de Cochinoca, Tumbaya (de Jujuy) y Los Andes (de Salta), viven 33 comunidades que vienen trabajando desde hace años en la defensa del territorio, del agua y la puesta en valor de los saberes ancestrales. “Lo que hacemos es defender el territorio, fundamentalmente a la Pachamama, porque son temas ancestrales que nos enseñaron nuestros antepasados y hemos seguido practicando. También venimos creando cooperativas en defensa de la producción de sal para nuestras comunidades, como así también instituciones en defensa de nuestros derechos, principalmente por las grandes empresas extractivas que hay en la zona”, manifestó.

En este sentido, contó que han tenido inconvenientes en la zona por la extracción de litio, “comenzó hace bastante tiempo con la intención de realizar la explotación del suelo, entonces desde la comunidad empezamos a trabajar en la concientización de la defensa de derechos, la puesta en valor de las comunidades y la conservación de lo que tenemos, que en este caso no solo es el agua, sino nuestra forma de vida como la ganadería, las artesanías, la cacería, entre otras, para poder continuar con las actividades que venimos desarrollando”.

A su vez, el presidente de “El Angosto” agregó que “debido a la pandemia dicen que las empresas no están llegando al lugar, pero en los medios de comunicación se puede visualizar claramente los atropellos que hay hacia las comunidades, no solo en la puna, sino en todo el país, y es lamentable que eso siga pasando”.

Luego, Pía Marchegiani (directora de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales -FARN-) relató que desde su fundación comenzaron a trabajar con las referidas comunidades hace aproximadamente 10 años. “Como Clemente resumió, son 10 años de lucha, de resistencia, con avasallamiento de los derechos indígenas y ambientales”. 

“Uno de los primeros acercamientos tuvo que ver con la organización que hicieron las comunidades ante la amenaza de extracción de litio, cuando empezaron a ver que las empresas se metían en su territorio sin hacer consultas previas. Entonces se organizaron las comunidades con ayuda de abogados, hicieron un juicio en la Corte Suprema y allí fue donde nos involucramos con una intervención desde lo legal. Y desde esa primera aproximación, tratamos de colaborar desde el derecho”.

Además, la directora de Política Ambiental de FARN sostuvo que es fundamental enfocarse en el cumplimiento de las normas, ya que existe legislación que sustenta el derecho de las comunidades, pero sigue siendo un gran desafío su implementación. “Respecto a los derechos, tenemos el reconocimiento de la preexistencia étnica de las comunidades desde 1994, también está el reconocimiento constitucional, como así también el reconocimiento al derecho ambiental. Y desde los dos puntos de vista, como dos ámbitos de desarrollo del derecho distintos, aparece la participación como algo central, tanto para las decisiones ambientales de cualquier tipo, como la participación que tienen que tener las comunidades en las decisiones que las involucran y que las pueden afectar”, enfatizó y añadió “las comunidades tienen el derecho a participar y a ser parte de cualquier tipo de decisión que las involucre. Ya no se pueden seguir tomando decisiones a espaldas de la gente y menos de las comunidades, como en el caso del litio”.

Seguidamente, Clemente Flores describió que las comunidades, en este último tiempo, “se empezaron a cerrar ya que es una situación muy difícil porque el coronavirus nos impide el acercamiento, pero por otro lado nos fortaleció porque hemos vuelto a las raíces, a nuestro campo. Creo que es importante que haya una política de Estado para crear un proyecto en el que los funcionarios trabajen en conjunto con las comunidades, y que además de respetar nuestros derechos, empecemos a consensuar hechos”.

Por último, contó que tienen una empresa que se llama Pueblos Originarios “y hace unos 3 años que nos empezamos a organizar para intercambiar la interculturalidad, ya que hay mucho valor que las comunidades han perdido, que la tienen que recuperar y eso lo van a hacer con el apoyo del trabajo de las comunidades de emprendedores”.

Por otra parte, Pía Marchehiani se refirió al impacto ambiental que genera la extracción de litio. “Cuando se habla de litio en salares, estamos hablando de un tipo de minería que se hace sobre agua, ya que el litio está en un estado líquido en esa salmuera, en una zona especialmente árida, donde el agua es poca. Entonces estamos hablando de un bien escaso, que hay que saber administrarlo y las técnicas más conocidas de extracción tienen que ver con evaporar esa salmuera, agregando distintos elementos químicos, se van precipitando las sales y eso tiene un enorme impacto en el agua que se evapora y afecta el equilibrio hídrico porque en esas zonas hay agua dulce y salada, que salen en contacto de manera natural”. Asimismo, expresó que todo ese equilibrio hídrico se rompe con la extracción de litio porque se produce a grandes escalas y cuando se tratan varios proyectos, pueden generar impactos acumulativos.

Antes de finalizar, hizo una reflexión acerca del trabajo que realizan las empresas mineras y el efecto que generan no solo en las comunidades, sino también en el ecosistema. “Creo que las ideas de desarrollo ignoran el impacto ambiental, lo cultural y lo social y lo único que les importa son las dimensiones económicas, el resto queda detrás”.

La reflexión que nos deja este Conversatorio de cierre entre Clemente y Pía con la moderación de Ma. Eugenia Perez Cubero es el reclamo de las comunidades por su derecho a la autodeterminación, a una participación activa con consulta previa en la toma de decisiones en el marco del Buen Vivir.

Kachi Yupi (que en lengua quechua significa “Huellas de la sal”) es el procedimiento de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado para las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Se trata de un documento en total consonancia con normas internacionales (Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas), con la Constitución Nacional y leyes locales (Ley N° 26160), donde las comunidades de las Salinas Grandes establecieron una forma de diálogo intercultural y delinearon cómo deben actuar tanto el Estado como los particulares en un marco de respeto hacia los territorios indígenas y sus derechos.

Kachi-Yupi. Huellas de la Sal

Este evento internacional, que tuvo lugar durante 5 días consecutivos y contó con la disertación de profesionales nacionales e internacionales, se realizó en el marco del lanzamiento e inauguración del Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios Ambientales (CIIVEA) dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de San Luis  (FCEJS-UNSL), en articulación y co-organización con el Programa de Ciencia y Justicia y el Centro Científico Tecnológico San Luis (CCT-SL) del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC), la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) y el Instituto de Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de San Luis Dr. Juan Crisóstomo Lafinur.

 

 

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