LA INVESTIGACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SU INTERFAZ CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: UN DIÁLOGO NECESARIO

Fue el tema que se planteó durante la mesa de debate en la que participaron reconocidas académicas del ámbito del derecho ambiental. 

Leila Devia, Marta Juliá, Pamela Tolosa y Valentina Durán, son cuatro mujeres ligadas al ámbito del derecho ambiental que engalanaron la primera mesa debate del CIDPA 2020 desarrollada el 2 de noviembre a las 15hs. Acompañando así  la creación de un nuevo espacio que se está lanzando con este Congreso: el Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios Ambientales (CIIVEA) en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (FCEJS-UNSL) en Villa Mercedes. Para conocer los perfiles de las disertantes ingrese a http://cidpa.ar/mesa-investigacion-socio-ambiental/

Desde diferentes ámbitos se plantean el mismo objetivo: lograr la incidencia en políticas públicas de manera que el derecho a un ambiente sano sea una realidad para toda la sociedad.

Leila Devia y Valentina Durán están a cargo de centros de derecho ambiental en dos universidades públicas. Devia es Directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Durán, del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile (UC). Ambas realizan diversas actividades institucionales con el objeto de que los avances académicos retroalimenten el diseño y la gestión de políticas públicas.

La investigadora argentina comentó que el CDA de la Facultad de Derecho de la UBA se encuentra recientemente inaugurado (diciembre de 2019) y surgió con el objetivo de institucionalizar actividades que ya se desarrollaban en diversas asignaturas relacionadas a los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Además, manifestó que más allá de la inauguración de nuevos centros “lo interesante es poder intercambiar, con excelencia, ahínco y perseverancia entre entidades públicas y privadas” y agregó que “el diálogo no sólo es con la sociedad, sino con el gobierno y los distintos actores y universidades”.

Por su parte, Durán expresó que el CDA de la UC es más antiguo, se creó en 1999 con el propósito de promover la investigación y el desarrollo de la disciplina que en ese momento era emergente. 

La académica chilena informó que esta institución promueve la incidencia en políticas públicas y en el debate nacional a partir de la consideración de los “saberes ciudadanos” y no sólo desde la tarea de “traducción de saberes científicos”. En un contexto en donde Chile ha votado por referéndum la reforma constitucional, el CDA “siente un compromiso ineludible de participar en el proceso de diálogo social” y se plantea “aportar en los contenidos y en la discusión de la nueva constitución”. Además, Durán afirmó que este diálogo debe considerar el trabajo “con otras unidades y organizaciones ya que creemos en el valor de la transdisciplina”.

“En este momento de crisis ambiental y climática nosotros entendemos que tenemos un papel que cumplir como universidad pública, tenemos un compromiso con el desarrollo sostenible, asumiendo un compromiso para promover la sustentabilidad en la gestión y en la investigación, extensión y en la docencia” reflexionó la investigadora.

Ambos centros trabajan en temas muy similares: cambio climático, gestión de residuos, derechos de la naturaleza, política ambiental, instrumentos de gestión ambiental, acceso a la justicia ambiental, entre otros. Además, han realizado proyectos puertas adentro de la Universidad para incorporar la gestión ambiental en sus propias universidades. 

Por otro lado, Marta Juliá y Pamela Tolosa realizaron un análisis sobre las herramientas teóricas y prácticas para incidir en políticas públicas ambientales.

Juliá es Directora del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y profesora de abogacía en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (FCEJS-UNSL). Por su parte Tolosa es Decana del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur y Vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía (ALACDE). 

Juliá planteó que existe un nuevo paradigma socioambiental que requiere nuevas preguntas y respuestas. El contexto de la pandemia reclama al derecho ambiental nuevos abordajes, metodologías, análisis y resultados. Luego de realizar un repaso por las etapas de construcción de una política ambiental (diseño, ejecución y control) se centró en las propuestas de mejora mencionando la importancia del desarrollo teórico y metodológico de la perspectiva ambiental del derecho, la interdisciplina en el análisis y el abordaje de problemas ambientales, desarrollar mecanismos con los que cuenta el derecho para hacer frente a estos problemas y reconocer e interactuar con los actores involucrados.

“Las demandas al derecho ambiental deben pensarse en los nuevos contextos, las crisis nos demandan visiones y acciones diferentes, la pandemia cuestiona las formas de producción, el desarrollo científico y tecnológico, los deseos y visiones, los acuerdos y tensiones en torno al desarrollo y la sustentabilidad” reflexionó la profesora cordobesa adoptada por San Luis. 

Por su parte, Tolosa advirtió sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas ambientales a partir de identificar estereotipos de género que implican discriminación hacia mujeres, adolescentes y niñas.

Durante la exposición remarcó la importancia de conocer el mecanismo de construcción de los estereotipos de género, en donde las ciencias del comportamiento postulan que “las personas actúan con escasa información y de manera abreviada, con procedimientos rápidos y sin un proceso deliberativo”. Estos procedimientos son inconscientes y generan sesgos de conocimiento.

Para poder erradicarlos, planteó tres consideraciones:

-Contar con datos empíricos, para la evaluación previa y posterior de la implementación de la política pública, es decir, que genere información sobre la desigualdad de impacto en los distintos géneros.

-Transparencia, si se hace público el porqué de las decisiones en todas las instancias de implementación, es más probable que quienes tengan que decidir presten atención, y tomen decisiones más racionales y reflexivas. 

-Accountability, explicar o fundar el porqué de cada decisión en cada instancia. 

En el cierre, las académicas discutieron sobre los desafíos y oportunidades del contexto de pandemia y dejaron abiertos los siguientes interrogantes y reflexiones:

-La reactivación económica post-pandemia no puede justificar la regresión en materia de derecho ambiental y desarrollo sustentable, por el contrario, debe ir acompañada de una triple ganancia (económica, social y ambiental). Tema que se estará desarrollando en los paneles siguientes. Ver http://cidpa.ar/triple-impacto-redefiniendo-el-sentido-del-exito-en-la-economia/ 

– Actualmente hay un distanciamiento entre la academia y la gestión, por lo que el desafío es poder influir en la toma de decisiones, es decir, en la “cotidianidad” de la gestión de políticas públicas a partir del entendimiento del contexto institucional. 

-Hay muchos estudios académicos y diagnósticos generados en la academia que pueden servir y retroalimentar la gestión de políticas públicas. La universidad debe hacer un esfuerzo de llegada al territorio a través de un lenguaje llano. 

-Hoy se cuenta con más herramientas digitales para hacer escuchar nuevas voces y las redes pueden servir para llevar argumentos sólidos a la opinión pública y corregir sesgos.

– Antes de marcar la falta de diálogo hacia afuera de la academia, se debe mirar hacia adentro, a veces falta el vínculo con colegas que estudian temas similares. Hay que “enseñar con el ejemplo”. De aquí la trascendencia de la investigación en diálogo con otros saberes.

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