JUSTICIA AMBIENTAL: VÍAS DE ACCESO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO

 

En el segundo panel de justicia ambiental desarrollado en la última jornada del 2 Congreso Internacional de Derecho y Política Ambiental se reflexionó acerca de las vías de acceso, los mecanismos de accesibilidad de los grupos vulnerables y los temas relacionados a la prueba ambiental y su experticia.

Tres profesionales del derecho disertaron acerca de los pilares de acceso a la justicia ambiental especializada.

Análisis del impacto del acuerdo de Escazú: Tutela del derecho ambiental

Sofía Sagues, inició este panel y abordó la igualdad en el seno del Derecho Ambiental.  Expresó que el impacto más trascendental que tendrá la firma del Acuerdo de Escazú para la jurisdicción y la tutela ambiental será la perspectiva transversal de Derechos Humanos que tiene el Acuerdo.  Asimismo, afirmó que el Derecho a un ambiente sano se vincula directamente con una noción de igualdad. 

La visión de su disertación, se colocó en la vinculación intrínseca entre el acceso a justicia en el tratado de Escazú con la noción actual de discriminación estructural. Manifestó que esta vinculación está marcada por la noción equilibrada e integrada del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económico, social y ambiental con que adscribe el acuerdo. 

Definió a la discriminación estructural como una situación sistemática de exclusión, marginación y subordinación que le impide a un grupo de personas acceder a condiciones básicas de desarrollo humano, “La falta de acceso a condiciones básicas de desarrollo humano es lo que define el corazón de la discriminación estructural” dijo la disertante.

Asimismo, agregó que el aporte de la noción de discriminación estructural es que se aboca al contexto, a las múltiples causas contextuales, y al marco que hacen que esa situación particular en el que esta una persona se generalice, se sistematice y se proyecte en el tiempo de manera histórica. Añadió que este aporte es transversal y transcendente, apunta al marco y la causalidad compleja que hace que la discriminación se sostenga. Además,  promueve que la tutela que se da a la discriminación genere transformación sobre esa causalidad compleja, apunta a esas causas sistemáticas que sostiene la discriminación estructural.

La tutela ambiental y la discriminación estructural están imbricadas, es decir que actúan de manera policéntrica. Se dan de manera conjunta y forman parte de la causalidad compleja. 

La clave procesal es encontrar respuestas que tengan una vocación y perspectiva transformadora de la situación, concluyó. 

Hay que dotar a los procesos judiciales de naturaleza estructural, esto implica: flexibilidad de las formas, aplicación del principio de adaptabilidad de las formas, desarrollo de un proceso omnicomprensivo de toda la causalidad compleja policéntrica propia de la tutela ambiental y de la discriminación estructural, también  implica la incorporación del dato científico, sociológico, apertura de debates (audiencias públicas) y la adopción de sentencias prospectivas y medidas de carácter multisectorial, finalizó.

Grupos vulnerables: mecanismos de accesibilidad ambiental

María Victoria Mosmann, realizó una exposición acerca de las líneas principales de Acuerdo de Escazú y de los procesos ambientales en relación a la intervención de sujetos y grupos vulnerables. 

Mencionó que el acuerdo define a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, aquellas que se encuentran en especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso reconocidos por el acuerdo regional y por las circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto de cada parte y de acuerdo a las obligaciones internacionales. 

También se refirió particularmente el art. 8 que establece el acceso a la justicia en asuntos ambientales con las garantías del debido proceso.

Agregó que el artículo 8.5 define que, para hacer efectivo el derecho del acceso a la justicia, cada parte atenderá las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica o jurídica gratuita.

En cuanto al fortalecimiento de capacidades, la disertante dijo que las medidas de acción positiva para los derechos de acceso, según lo establecido en el acuerdo es contar con medidas específicas para personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como la interpretación o traducción en idiomas distintos al oficial. El eje aquí, está puesto principalmente en comunidades de pueblos indígenas y originarios, afirmó.

En relación al estado actual de la legislación y la jurisprudencia en Argentina, Mossman expresó que en nuestro país, cuando en el ámbito de un proceso nos encontramos con una persona en situación de debilidad estructural o vulnerabilidad, tenemos reglas genéricas vinculadas a la defensa pública y al beneficio de litigar sin gastos y otras algunas específicas que pueden estar establecidas en algunas provincias.

En ese sentido, la expositora expuso que se acude a las 100 Reglas de Brasilia actualizadas en el año 2018 y en el que algunas de las provincias argentinas adhieren. Estas reglas, realizan una enumeración de causas de vulnerabilidad: edad, discapacidad, pertenencias a comunidades indígenas, víctimas, migrantes, pobreza, género, minorías, privados de libertad.

También agregó que, los beneficiarios de estas reglas son personas o grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo o está imposibilitada de ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Mosmann, mencionó fallos donde se visibilizan situaciones vinculadas a la vulnerabilidad de las personas y en donde se hace hincapié en el rol instrumental del derecho procesal. 

También, indicó que el contenido de la tutela judicial efectiva ambiental en el debido proceso, debe contener una visión de acceso igualitario, sin costos prohibitivos, eliminar barreras al ejercicio de acceso a la justicia, divulgación del derecho  y uso de interpretación y traducción de idiomas. 

Planteó como interrogante, la gestión de igualdad dentro del proceso, concluyó que es a través del uso de medidas de acción positiva y soluciones sistémicas y el principio de equidad subjetiva con sus parámetros: el magistrado deberá trabajar con parámetros de razonable fundamentación.

En ese sentido mencionó la incorporación de la tutela judicial efectiva al proyecto del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, el cual establece que las normas procesales se interpretan con el fin de lograr la efectividad de los derechos sustanciales y a su vez, establece entre otros principios, que deberán asegurar a las partes la igualdad real de oportunidades para la defensa de sus derechos.  

“La justicia no puede cerrar los ojos ante la igualdad” dijo Mosmann. 

Aplicación de la carga de prueba dinámica.

Marcos Peyrano, fue el último disertante en este panel de Justicia Ambiental. El profesional comenzó analizando al Derecho Procesal como un instrumento rígido y establecido, en donde las cuestiones ambientales eran inflexibles.

Luego, manifestó que en ese sentido, las herramientas que proveen la ley general de ambiente y el Acuerdo de Escazú están fusionadas para lograr respuestas y que el Derecho Procesal se inserta para lograr una tutela judicial efectiva. 

En su disertación abordó el tratamiento de la prueba y la aplicación de la carga de la prueba dinámica y su eficacia.

Expresó que a estas pruebas hay que aplicarlas cuando hay poca o ausencia de material probatorio, y que las reglas están pensadas y se fueron delineando para el juez y no para las partes.

Habló de los hechos constitutivos por parte del actor y de hechos extintos o modificativos por parte del demandado. Y afirmó la necesidad de cuestiones procesales ambientales específicas.

En el caso de daño ambiental interjurisdiccional termina siendo perjudicial el avance de una causa que la corte funcione como tribunal originario, comentó.

Lo que todos anhelamos es una tutela judicial efectiva, la Corte de la Nación en estos casos debería repensar esto de funcionar como tribunal originario y delegar la intervención momentánea en algún tribunal de primera instancia a fin de mitigar el daño o de evitarlo y luego retomar la cuestión de fondo, dijo Peyrano.  

“Creo que el Acuerdo suma muchísimo a las herramientas procesales a las que todos aspiramos en nuestro país en materia ambiental” concluyó. 

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