EL DR. MICHEL PRIEUR DIALOGÓ CON LOS PARTICIPANTES DEL CIDPA 2020

En vivo, y a través de Youtube, el especialista desarrolló temas relacionados a la conferencia “Efectividad del Derecho Ambiental y Necesidad de Indicadores Jurídicos”. 

Para profundizar las temáticas abordadas en la conferencia que ofreció durante la segunda jornada del Congreso Internacional de Derecho y Política Ambiental 2020 (CIDPA), el Dr. Michel Prieur respondió consultas que los participantes del CIDPA formularon a los organizadores. Esta actividad fue encabezada por la directora académica, Dra. María Eugenia Pérez Cubero, integrante del CONICET de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Luis.

Ayer, durante su conferencia, el Dr. Prieur resaltó la necesidad de establecer indicadores jurídicos que permitan evaluar el real nivel de implementación del derecho ambiental. Aseguró que estos indicadores suministran a decisores políticos una “herramienta de evaluación de las políticas relativas sobre el medio ambiente” y permiten “cuantificar el grado de efectividad del derecho para facilitar las reformas y posibilitar innovaciones”.  También se constituyen como un aliado para la población civil para conocer la aplicación de políticas en materia de medio ambiente. 

Durante la actividad de hoy, remarcó nuevamente la urgencia de aplicar estos indicadores: “El problema es que hoy no existen los indicadores jurídicos, no es una metodología aceptada por un gobierno y por eso hay que hacer la promoción de la necesidad y de la metodología.  Hay que pensar la pluridisciplinariedad en el sector de los indicadores”. 

Entre otras cuestiones metodológicas definió indicadores cualitativos y cuantitativos y en cuanto a la implementación de estas herramientas, aseguró que se constituirían como un medio para que los ciudadanos puedan obtener información. “Dan conocimiento al público sobre la implementación del derecho ambiental”, concluyó. 

A continuación, algunos extractos de las preguntas formulada al Dr. Michel Prieur y sus respuestas: 

  • ¿Cómo hacer coherentes o cómo unificar los conceptos de derecho ambiental para establecer luego indicadores que sean aplicables? 

Podemos decir que ahora mismo los conceptos de derecho ambiental están coherentes y unificados a través del derecho internacional ambiental.  Hay una armonización de concepción y de principios. Por esta razón no es tan difícil determinar indicadores jurídicos a nivel internacional porque ya existen en el derecho internacional y en las convenciones internacionales pero la evaluación de la efectividad del derecho ambiental debe tener en cuenta la particularidad de cada sistema jurídico. Los indicadores jurídicos pueden ser comunes a diferentes estados. 

  • ¿Cuáles son los principales retos en la preparación de indicadores jurídicos y cumplimiento de la legislación ambiental?

Ese es el tema, adoptar una metodología adecuada. Es necesario que para obtener indicadores jurídicos hagamos un trabajo pluridisciplinario, no es un trabajo con los juristas únicamente. Es un trabajo de los juristas con los sociólogos, políticos, matemáticos, es un trabajo colectivo, de grupo. El segundo reto es armar grupos de expertos que van a discutir sobre la ponderación y la dirección de cada indicador. Otro reto es explicar a los gobiernos la utilidad y la necesidad de construir indicadores jurídicos, sensibilizarlos, igual que a las ONG, sobre la necesidad de completar los indicadores matemáticos y estadísticos con indicadores nuevos, jurídicos. 

  • En relación al Acuerdo de Escazú, ¿Cuál es la conexión entre los indicadores jurídicos ambientales y el acceso a la justicia? 

Los indicadores jurídicos van a medir la efectividad de todos los puntos de derecho ambiental, entre ellos facilitar la evaluación de la efectividad del acceso a la justicia. Es decir, que vamos a evaluar y a medir los diferentes actores que condicionan jurídicamente el acceso a la justicia. El trabajo es determinar cuáles son los factores jurídicos que condicionan la efectividad del acceso a la justicia, y eso es un trabajo jurídico bastante complejo. Con el Acuerdo de Escazú tenemos un tipo de guía para escribir los diferentes tipos de indicadores jurídicos de la efectividad en el acceso a la justicia.

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