ACUERDO DE ESCAZÚ: UN BALANCE A MÁS DE DOS AÑOS DE SU FIRMA

Durante las mesas que se llevaron a cabo el jueves a la tarde, diferentes especialistas reflexionaron sobre este tratado internacional focalizando en las conquistas y desafíos.

La primera actividad reunió a investigadores e investigadoras de diversos países de la región: Silvia Capelli (Brasil), Lina Muñoz Ávila (Colombia), Andrés Napoli (Argentina) y Valeria Torres ( Chile). La segunda estuvo conformada por tres académicos de renombre nacional, Néstor Cafferatta, Aníbal Falbo y Sebastián Lloret. 

Durante la tarde, Escazú fue analizado en profundidad, pero también celebrado como un acuerdo “de piso y no de techo” que considera de manera amplia las múltiples realidades y avances de los países de la región. 

El tratado internacional de Escazú fue suscripto por 24 países de América Latina y el Caribe en el 2018. Argentina es el décimo país que lo ha ratificado mediante Ley 27.566 y se necesitan 11 para su entrada en vigor.  

El Acuerdo es el resultado de un diálogo permanente, progresivo y cambiante entre los países dentro de sus fronteras y hacia afuera y con las sociedades. 

Es la apuesta para generar procesos de integración de la región a partir de una agenda común y de cambio en América Latina y del Caribe. Esta agenda ambiental se construye a partir de las fallas y como un punto de partida cuya materialización depende de las personas. 

Escazú desarrolla y amplía el principio 10 de la declaración de Río de 1992 y considera los principios de acceso como un recurso clave para lograr la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

En este sentido profundiza sobre cuatro pilares para la gobernanza en materia de justicia ambiental: información, justicia, participación y protección a la labor de quienes defienden los derechos ambientales.

“ESCAZÚ ES UN TRATADO DE PISO Y NO DE TECHO”

Valeria Torres comentó que se trata del primer Acuerdo que desarrolla “derechos ambientales procedimentales” y fundamentalmente los derechos de acceso a la información, participación y justicia que permiten el abordaje de todos los temas ambientales. Es decir, garantizar los derechos de acceso permite proteger el derecho a vivir en un ambiente sano y con desarrollo sostenible inherente a cada persona y las generaciones presentes y futuras. 

“Es un tratado de piso y no de techo ya que se hace cargo de las distintas realidades de los países de nuestra región”, en este sentido considera los diversos contextos de las regiones y sus avances en materia de derecho ambiental, ya que algunos países tienen que reforzar su implementación mientras que a otros les falta la normativa. 

Por eso el esfuerzo de Escazú consiste en fortalecer las capacidades regionales y la cooperación y colaboración entre los países a través del intercambio de conocimiento sobre asuntos ambientales como biodiversidad y cambio climático, entre otros. 

“EL DERECHO A SABER ES UN DERECHO HUMANO”

“El acuerdo de Escazú es un instrumento del derecho internacional ambiental que entra a complementar de forma maravillosa el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares interamericanos”, expresó Muñoz Ávila para desarrollar el pilar del acceso a la información.

El Tratado considera que la información permite tomar decisiones efectivas y calificadas. Si bien el derecho de acceso a la información es reconocido hace muchos años en el sistema de protección de derechos humanos, Escazú lo reconoce especialmente para asuntos ambientales. 

En conclusión garantiza que: cualquier persona puede solicitar información sin estar directamente afectada; un acceso asequible, efectivo y oportuno, es decir, la información debe estar disponible rápidamente y de fácil entendimiento; el Estado debe organizar, sistematizar y poner a disposición del público la información, así como su máxima divulgación; la información tiene que cumplir diversos formatos para llegar a los diversos públicos; se cuenta con mecanismos rápidos para solicitar información; debe garantizarse el acceso diferencial a grupos vulnerables: pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, intergeneracionales y diversidad de géneros.

“ES UN CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE GOBIERNO Y CIUDADANÍA”

Para desarrollar el pilar de la participación, Andrés Napoli comentó que Escazú se planteó cómo garantizar la participación de la ciudadanía en los procesos institucionales de las políticas públicas. No sólo en las etapas posteriores de fiscalización y control, sino también en las iniciales, en donde se toma la decisión de implementación. 

Escazú aspira a incorporar la voz de la ciudadanía y facilitar un “canal de comunicación entre gobierno y ciudadanía para la búsqueda de consensos” no sólo para transparentar y legitimar los procesos de tomas de decisiones, sino para mejorar la calidad de las decisiones. 

Si bien en la región algunos países cuentan con la participación ciudadana en evaluación de planes, políticas y programas, la pregunta es si son realmente efectivos.

Es así que el tratado genera algunas obligaciones claras para el Estado que tiene un rol proactivo en donde debe “identificar al público afectado por proyectos ambientales” y brindarle información específica en lenguaje adecuado, es decir, debe buscar a esas personas, caracterizarlas y planificar formatos adecuados para su entendimiento. De esta manera garantiza una participación abierta e inclusiva del público considerando sus características específicas (sociales, económicas, culturales, geográficas y de género).

Establece además plazos razonables para la participación efectiva: la convocatoria debe ser informada de manera oportuna y previamente, en formatos entendibles que aseguren una participación cualificada.

También estipula mecanismos para informar las decisiones tomadas y la posibilidad de presentar observaciones, sobre todo en aquellos procesos que sean contrarios a las decididas en la audiencia colectiva.

EL ACCESO A JUSTICIA EN EL TRATADO DE ESCAZÚ

Para Capelli, este tratado otorga transparencia en los procesos decisorios y disminuye la corrupción en la región. 

El concepto de justicia va más allá del acceso al poder judicial, ya que reconoce instrumentos judiciales, administrativos, prejudiciales y extrajudiciales, es decir, soluciones conciliatorias y no solo adversariales.

Por otro lado, se reconoce el daño al “macro bien ambiental” por lo que los titulares del derecho no son solo quienes se ven perjudicados sino las instituciones, que pueden representar intereses difusos “supraindividuales”.

Se establece la reparación amplia del daño a través de mecanismos de restauración, compensación por equivalente ecológico, indemnización, imposición de sanción económica y la garantía de una suma mínima para la reparación ambiental, aunque la empresa se declare en quiebra. 

“Escazú incorpora lo mejor que existe en nuestra región y va a contribuir para la transparencia en la toma de decisiones y la cooperación entre países signatarios y para los que no, porque es un acuerdo que puede ser utilizado como una norma de interpretación” afirmó Capelli en el final de su exposición.

PRINCIPIOS DE DERECHO AMBIENTAL 

“Es muy positivo para el derecho ambiental de la región, abre una esperanza de que vamos hacia la dirección correcta en la implementación de nuevas necesidades sociales que es el derecho ambiental” afirmó Cafferatta.

Durante su exposición desarrolló los artículos 3 y 8 de Escazú que contienen principios de derecho ambiental. 

Se recogen principios propios de la especialidad como “preventivo, precautorio, equidad intergeneracional, no regresión, buena fe” que ya habían sido reconocidos por instrumentos internacionales de derecho ambiental y que forman parte la legislación nacional.

Además, se generan las garantías para el acceso a la justicia ambiental a partir del debido proceso ambiental que hace al principio de legalidad en lo formal y sustantivo.

Se considera el proceso colectivo ambiental como nuevas manifestaciones jurisdiccionales, es decir, “el proceso adversarial clásico disfunciona frente a la problemática ambiental”.

Se pone el acento en los focos procesales clásicos, pero de manera diferente, como: legitimación activa de obrar, carga de la prueba, rol del juez, la naturaleza misma del proceso.

En este sentido se implementan:

-Procedimientos efectivos, transparentes, oportunos sin costos prohibitivos.

-Órganos judiciales y administrativos con competencia o conocimientos especiales, es decir, un fuero especial. 

– Apertura horizontal de entrada al proceso, es decir la legitimación activa de obrar es amplia, ya que se consideran derechos de pertenencia supraindividual y referido a un bien colectivo ambiente.

-Posibilidad de disponer medidas cautelares, para prevenir, cesar, mitigar o recomponer estas acciones que son típicas del daño ambiental colectivo.

– Se reducen o eliminan barreras jurisdiccionales y de orden económicas, no sólo en las tasas de justicia sino en la interpretación de la legitimación activa de obrar.

– La responsabilidad civil por daño ambiental debe en primer lugar recomponer o compensar ambientalmente a través de sanciones económicas o por la satisfacción (indemnización o pedido de disculpas o perdón públicas). 

-Vías alternativas de solución de conflictos en asuntos ambientales, como mediación o conciliación que permitan prevenir o solucionar el problema ambiental. 

Por su parte, Falbo desarrolló algunos puntos ya mencionados por Cafferatta y agregó que el Acuerdo de Escazú considera el daño no sólo al ambiente material sino a la legalidad ambiental, es decir, un daño al ambiente inferido por contravenir las normas ambientales. Esto abre un enorme ámbito nuevo de justicia, ya que el ambiente puede dañarse por acciones, decisiones u omisiones a la normativa ambiental.  

Además, incorpora procedimientos efectivos y oportunos de acceso al derecho ambiental eficaz. Es decir, obliga a una relectura del proceso judicial clásico, ya que lo “efectivo y oportuno” considera que en lo ambiental el bien se consume de manera irreversible lo que implica una definición sensata del periodo de prueba.  “Siempre se puede investigar más en los casos ambientales, porque están rodeados de incertidumbre, pero si en un momento encontramos que con la prueba rendida ya puede decidirse, no es necesario seguir investigando” reflexionó Falbo. 

A su vez, la legitimación extraordinaria para actuar no debe abordarse desde las pautas clásicas sino desde una visión que la supera y la excede ya que se trata de derechos de incidencia colectiva referido a intereses individuales homogéneos o bienes colectivos.

Otro dato novedoso del acuerdo es que las medidas cautelares adquieren un ensanchamiento positivo porque se amplían al ámbito de la recomposición del daño, no sólo para prevenir, cesar, o mitigar.

Se establece la carga dinámica de la prueba o inversión de la carga, por lo que el juez o jueza debe “esculpir sobre la niebla”.

También determina que el juez o jueza debe poner el acento en un cumplimiento oportuno, efectivo y rápido de la decisión judicial porque si no su aplicación se extenderá en el tiempo y se habrán generado más daños ambientales.

Otro punto novedoso es que el Tratado incorpora sanciones económicas que mejora la reparación y previene daños ya que los daños económicos deben ser de tal magnitud que sumando los costos del proceso judicial genere más pérdida que el ahorro inicial. Cabe recordar que el daño ambiental aparece por externalidad, es decir, ahorrar por desinversión y maximizar las ganancias.

ÓRGANOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS

Finalmente, Lloret Ramos, cerró la actividad afirmando que Escazú permite discutir gobernanza ambiental y el Estado no debe responder solo desde el acceso a justicia sino en la atención a la conflictividad de manera espontánea, es decir, tutelar de manera preventiva estos conflictos a partir del acceso a la información. 

A su vez se refirió a los órganos ambientales especializados que debiéramos elegir para implementar Escazú en Argentina. “Para hacer un transplante responsable tenemos que mirar y modelar instituciones que presten un servicio vital a este tipo de estrategias de atención al acceso a justicia ambiental”.

A través del análisis de tres figuras del derecho latinoamericano comparado, se analizaron tres casos: tribunales ambientales chilenos, comisionados puertorriqueños y fiscalías ambientales integrales brasileños, en donde la pregunta guía fue la especialización temática de estos organismos.

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