ACUERDO DE ESCAZÚ: DESAFÍOS Y DEUDAS EN NUESTRO PAÍS

El tercer panel sobre justicia ambiental abordó el proceso ambiental especial y sus implicancias, las medidas legislativas y judiciales en torno al acceso a la información pública ambiental , y los márgenes de transacción válidos con los intereses colectivos en los métodos alternativos de resolución de conflictos. Francisco Verbic, Marcela Basterra y Leando Giannini estuvieron a cargo de las disertaciones virtuales de la jornada, con la moderación de Alejandro Vera.

Las charlas, las anteúltimas del congreso, se realizaron en el marco del lanzamiento del Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios Ambientales (CIIVEA) dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis (FCEJS-UNSL), en co-organización con la Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC), la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), el Programa Ciencia y Justicia y el Centro Científico Tecnológico San Luis del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y el Instituto de Capacitación del Poder Judicial de San Luis “Dr. Juan Crisóstomo Lafinur”.

El primero en exponer fue Verbic, abogado argentino, Asesor de Gabinete del Director Ejecutivo de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Magíster en Estudios de Derecho Internacional y Especialista en Derecho Procesal Profundizado. Ver síntesis de CV http://cidpa.ar/justicia-ambiental-iii-procedimiento-especial-informacion-y-metodos-alternativos-de-resolucion-de-conflictos/

Su intervención se refirió al “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (más conocido como “Acuerdo de Escazú”), firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, donde señaló avances y deudas de nuestro país respecto al documento.

Verbic mencionó algunos artículos e hizo una comparativa entre el texto y la práctica. Una de esas menciones fue el Artículo 8.1 vinculada a acceso a justicia en asuntos ambientales: “Cada Parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso

“Esta es una gran deuda que tenemos en Argentina, porque la ley general del ambiente solamente regula algunas cuestiones en materia procesal colectiva y lo hace de manera asistemática”, sostuvo el especialista.

Y agregó: “La realidad es que el conflicto ambiental exige cambiar el paradigma y una herramienta procesal sistémica y consistente, que nos exige repensar todos los institutos procesales para adaptarlos a una clave colectiva particular para nosotros y nosotras, pero también para generaciones futuras”.

El Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Por esto, Verbic concluyó que es “imperativo sancionar una ley adecuada para garantizar el acceso a justicia ambiental, así como el debido procesamiento, decisión acorde a los valores en disputa y además ejecución de las sentencias dictadas en esta materia”.

Y reflexionó: “El Acuerdo Escazú incorpora una nueva dimensión normativa en términos convencionales que debería servir para poner el tema en la agenda de políticas públicas de justicia y derechos humanos, para empezar a trabajar sobre ello. Este deber lo tenemos desde 1994. Tenemos una mora de más de 25 años y debemos hacernos cargo con urgencia”.

El segundo tema del panel del viernes fue “El acceso a la Información pública ambiental, medidas legislativas y judiciales. El Impacto del art. 8 inciso 2.a del Acuerdo de Escazú, a cargo de Marcela Basterra, Co-Directora del Posgrado de Actualización en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo (UP). Ver síntesis de CV http://cidpa.ar/justicia-ambiental-iii-procedimiento-especial-informacion-y-metodos-alternativos-de-resolucion-de-conflictos/

En lo particular, la investigadora se refirió particularmente al impacto del artículo 8, inciso 2 Punto 1, del Acuerdo de Escazú. Dicho artículo dice: “Cada Parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento: a) cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental”.

“La democracia ambiental descansa en tres pilares fundamentales: el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y el acceso al sistema de administración de justicia ambiental”, explicó Basterra.

Y agregó: “El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos jurídicos, pero también de derechos humanos porque viene a sellar todo un camino de una gestión política, ambiental, de acceso a la información pública y lo que llamamos democracia ambiental, que se fue dando en toda América Latina”. 

El final de la actividad estuvo reservado para Leandro Giannini, Ex Relator Letrado de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (2003-2010). Ver síntesis de CV http://cidpa.ar/justicia-ambiental-iii-procedimiento-especial-informacion-y-metodos-alternativos-de-resolucion-de-conflictos/. Su disertación abordó los “Métodos alternativos de resolución de conflictos e intereses colectivos: Márgenes de transacción válidos” y particularmente se refirió al artículo 8.7 del Acuerdo de Escazú: “Cada Parte promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales, en los casos en que proceda, tales como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias”. Al respecto, el docente e investigador sostuvo que “es una aspiración general de promoción de las reglas de acceso a la justicia aún fuera de las controversias ambientales y de identificación de los mecanismos alternativos de resolución de controversias como instrumentos de acceso a la justicia”.

Las reflexiones finales de Giannini sintetizaron las ideas expuestas por los expertos participantes: “Escazú es un nuevo imperativo para que el Estado argentino empiece a cumplir con los mandatos que ya tenía”.

Queda explicitado que Escazú nos plantea un desafío urgente de implementación. 

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