UNA MIRADA DESDE EL DERECHO: CÓMO GENERAR CAMBIOS A SOCIEDADES MÁS SALUDABLES E IGUALITARIAS

La tercera jornada del Congreso puso al Derecho en el centro de la escena como un instrumento que impulse y acompañe la transición hacia modelos sostenibles. Para hablar de este desafío y conocer cómo la abogacía puede generar cambios hacia sociedades más saludables e igualitarias, la mesa panel de este miércoles denominada “Ambiente y Desarrollo (parte 2) respuestas desde lo jurídico”, congregó a profesionales de Argentina, Perú y Costa Rica.

Las disertaciones virtuales de los y las especialistas comenzaron a las 17 horas y se extendieron por más de un hora y media. Durante el espacio, los y las disertantes se refirieron a la economía de impacto, el movimiento legislativo de las leyes de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) y las formas de aplicar compras públicas sostenibles.

Hacia una nueva genética empresarial

La primera en tomar la palabra fue María Cecilia Amieva Lucero, abogada argentina y Embajadora de Economía Phi en Uruguay. Es además integrante de la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto y Coordinadora Senior del Grupo de trabajo sobre Finanzas Éticas, entre otros cargos.

En su exposición, Amieva citó la frase del profesor Otto Scharmer (“desconexión del hombre consigo mismo, con el otro y con su entorno natural”) para luego preguntarse “¿cómo volver a conectar con nosotros mismos, las comunidades, el entorno y las personas que tenemos al lado para lograr un cambio?”.

La importancia de su pregunta surge de una urgencia: el modelo de desarrollo económico actual muestra un escenario de degradación ambiental profunda (hectáreas de bosques incendiados, islas bajo agua por el cambio climático, altos grados de contaminación), que trae aparejado desigualdad social y emergencia ambiental.

Bajo este panorama, la abogada planteó que los negocios y las compañías pueden ser parte de la solución a partir de un nuevo ADN empresarial: las empresas de triple impacto (económico, social y ambiental). Esta reformulación tiene como objetivo, más allá de una ganancia económica, el propósito de generar con su actividad impactos positivos, sociales y medioambientales.

“Muchas empresas lo están logrando, no es un cambio fácil, pero se ha demostrado que las empresas que han introducido criterios sociales y ambientales en su modelo de negocio, son más rentables”, explicó la abogada.

Estas empresas que adoptan el “Sistema B”, no solamente miden su incidencia en la comunidad y su entorno, sino que se comprometen de forma concreta, a nivel institucional y legal, a la toma de decisiones que consideren las consecuencias de sus acciones.

“Como dice la frase, ‘no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas´. ¿Cómo podemos aportar desde nuestro rol profesional? Tener una nueva mirada para trabajar y generar nuevas realidades y saber dónde posicionarnos, impulsando cambios legislativos e innovación jurídica, brindando respuestas y ofreciendo asesoramiento adecuado a esta nueva clase de empresas”, explicó Amieva Lucero.

Y a modo de conclusión sostuvo: “Cada día debemos tener el firme propósito de hacerlo un poquito mejor, de ser conscientes del impacto de nuestras acciones y de tener la alegría de saber que cuando trabajamos de una forma integral y de manera coherente, somos más felices”.

La abogacía como motor de cambio

“Nuestra profesión nos permite construir nuestro destino y la manera que queremos aportar a la sociedad en la que vivimos”, dijo José Miguel Alfaro Gómez, el segundo disertante de la tarde. El joven abogado oriundo de Costa Rica presentó su proyecto S.E.E.D, una iniciativa que se enfoca en brindarle asesoría a pymes, startups, empresas sociales y organizaciones no gubernamentales.

Alfaro es Gerente Senior de EY Centroamérica, promueve activamente inversiones socialmente responsables y la mejora del ecosistema social empresarial en América Latina. También es Doctor en Derecho con mención en Gestión Financiera por la Universidad de Costa Rica. Master en administración de negocios (MBA) en la Universidad de Oxford.

Según sus palabras, su emprendimiento nació con el objetivo de asesorar a la gente que estuviera haciendo bien las cosas. “Vimos que había gente que estaba haciendo muy bien las cosas pero que requería apoyo legal. Fue así como empezamos Seed. En 2018 nos ampliamos y no solo ofrecíamos servicios legales sino también otros aspectos de consultoría. Este año nos expandimos a Colombia, México y Perú”, dijo el especialista.

 Y agregó: “Las Pymes son la base de nuestra pirámide productiva y aportan muchísimo a la economía de nuestros países y los startups están en el semillero de líderes transformadores de nuestra región. Y como creemos en ellos y el desarrollo que le pueden dar a la región, les montamos una oferta de servicio diferenciada de forma tal que puedan cubrir sus necesidades”, explicó el profesional.

Los startups son empresas emergentes que tienen una fuerte relación laboral con la tecnología. Se trata de negocios con ideas innovadoras, que sobresalen en el mercado apoyadas por las nuevas tecnologías.

Para concluir, Alfaro instó “a que todos los abogados tenemos ese deber de cuestionarnos cómo podemos contribuir para mejorar nuestra realidad y fortalecer este enfoque de triple impacto”.

Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo

El tercer turno del panel estuvo reservado para Juan Diego Mujica Filipi, abogado de Perú e impulsor del proyecto de la Ley BIC, referido a las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, y que apunta a que las empresas no solo trabajen por el cumplimiento de sus objetivos económicos, sino también por los fines sociales y ambientales, teniendo en consideración el entorno y la comunidad.

“El sector privado no es ajeno a la posibilidad de introducir en su organización interna políticas corporativas sustentables cuyos indicadores contemplen una triple perspectiva: la económica, medioambiental y la social. Esto crea un cuarto sector en la economía que toma estos tres elementos”, explicó minuciosamente Filippi, quien además es Coordinador de proyectos Hoja de ruta de políticas públicas de empresas con objetivos específicos en la Secretaría General Iberoamericana y Gerente de la Unidad de Servicios Comerciales del Programa Nacional “Tu Empresa”, del Ministerio de la Producción del Perú.

Bajo esta descripción aparece la figura de Sociedad de Beneficios e Interés Colectivo (BIC), que brevemente la definiremos como una empresa que además de realizar una actividad económica, como vender productos u ofrecer servicios, tiene un propósito de beneficio social y ambiental con el cual genera un impacto positivo concreto.

Filippi explicó que la Ley BIC busca incluir a las BIC dentro del ordenamiento jurídico peruano permitiendo así el reconocimiento de la empresa con propósito por parte del Estado y contribuirá a tener un ecosistema adecuado para la consolidación de la Economía de Impacto.

“Lo que pretende el movimiento legislativo BIC es que las empresas sean las mejores empresas para los países y no las mejores empresas de los países. La empresa con propósito surge en estos últimos años para poder llevar el bienestar social y ambiental a la solución de diferentes problemas que nos aquejan a todos”, concluyó el investigador.

El Estado como gran educador de los proveedores

“El peso de la compra pública tiene una incidencia tal que puede llegar a cambiar la matriz de producción de un país”, informa María Belén Aliciardi a modo de presentación de la cuarta y última charla del panel.

La abogada profundizó: en Argentina, las compras públicas representan el 17% del PBI. “Si el Estado quiere que los proveedores cambien su forma de producir y se reconviertan hacia otros impactos ambientales y sociales, necesita educarlos. ¿Cómo? Implementando criterios ambientales y sociales al momento de comprar”, enfatizó.

Es decir, para la especialista el Sistema de Contrataciones Públicas representa una oportunidad para cambiar los patrones de consumo hacia modelos sustentables, fomentando la producción y el suministro de bienes y servicios amigables con el ambiente y con la sociedad.

Aliciardi es Coordinadora de la Maestría de Derecho, Política y Gestión Ambiental de la Universidad Austral y Especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional San Martín (UNSAM).

La especialista además señaló que “incentivar a las empresas de triple impacto, a las compras públicas sostenibles, es incentivar la recuperación post-covid a través de la generación de nuevo empleo verde”. 

Y agregó: “comprar de manera sostenible es invertir en un futuro mejor y el mejor consumo es el que no se hace”.

La jornada concluyó con una experiencia de “cine en vivo” ofrecida por la plataforma FANCíNE, con la proyección de Itsmo,  película de Estefanía Santiago

Las actividades del miércoles finalizaron con la proyección de la película Istmo, un largometraje de Estefanía Santiago realizado en Federación, Entre Ríos. Desde Madrid, la directora agradeció el espacio que se le dio al film en el congreso.

“La nueva Federación fue el proyecto de un país que estaba en manos siniestras y la promesa de un progreso. El sacrificio de un pueblo que no tuvo más opción que entregar su integridad al lago. Desarraigo le llaman, yo creo que es más que eso, es la historia, la sangre, el territorio, todo está allí esperando ser habitado”, dijo su realizadora.

Istmo construye un relato entre padre e hija, a modo de documental ensayo, indagando en la historia del pueblo entrerriano y sus consecuencias, las cuales han afectado de forma directa a sus habitantes y a los protagonistas de este documental. 

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